Nuevo Laredo, 18 de abril de 2026.- Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, rechazó categóricamente los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo vinculan con el Cártel del Noreste (CDN). El activista aseguró que las acusaciones desconocen su trayectoria de tres décadas en la defensa de derechos humanos y advirtió que lo colocan en una situación de alto riesgo.
“El espionaje pone en riesgo mi vida, mi integridad y a mi familia”, declaró Ramos respecto a las acciones en su contra. El defensor indicó que su trabajo ha sido documentado por instancias nacionales e internacionales, incluidos informes del propio gobierno estadounidense, y negó cualquier relación con Eduardo Javier Islas Valdez ‘Crosty’ o con el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez.
Ramos explicó que el Comité se limita a documentar casos, acompañar a víctimas y realizar denuncias públicas y jurídicas. “El Comité no es Ministerio Público ni es un juzgado, solamente rompe el silencio”, afirmó. Destacó que en 30 años de servicio no ha sido requerido por ninguna autoridad judicial y que no posee inversiones, empresas ni cuentas bancarias en Estados Unidos.
La investigación revela que documentos internos de la Sedena filtrados demostraron que el Ejército utilizó el Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.) para espiar al activista. Análisis forenses del Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmaron que los dispositivos móviles de Ramos fueron intervenidos ilegalmente con el software espía Pegasus entre agosto y septiembre de 2020. “Detectan efectivamente que mi teléfono de muchos años, o de toda la vida que uso como defensor de derechos humanos, estaba siendo espiado por el Ejército mexicano”, señaló.
El activista vinculó los señalamientos actuales con una acusación previa promovida en 2019 por el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el exfiscal estatal Irving Barrios Mojica, la cual derivó en la cancelación de su visa estadounidense. Ramos mencionó que tras conseguir condenas contra militares por casos como la desaparición forzada de 56 personas en 2018 y la ejecución extrajudicial de ocho personas en 2019, ha recibido amenazas de muerte en redes sociales por parte de perfiles vinculados a las fuerzas armadas.
Ante la posibilidad de sufrir una agresión, Ramos señaló que responsabilizaría al Departamento del Tesoro, al exgobernador García Cabeza de Vaca y al almirante en retiro Marco Antonio Ortega Siu. “¿Quién del Departamento del Tesoro va a asumir la responsabilidad en caso de que yo tenga un atentado?”, cuestionó. A pesar de lo ocurrido, el defensor, quien es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos desde 2013, afirmó: “Yo seguiré siendo defensor de derechos humanos con protección del mecanismo, esto no me va a frenar”.
