Nuevo Laredo, 17 de abril de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ejecutaron acciones coordinadas contra una red de casinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, vinculada al Cártel del Noreste (CDN). Las autoridades identificaron a tres personas físicas y tres personas morales como parte de una estructura que presuntamente facilita el lavado de activos, el tráfico de personas y operaciones financieras ilícitas para la organización criminal.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a Jesús Raymundo Ramos Vázquez, Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, y Juan Pablo Penilla Rodríguez. Asimismo, se congelaron los bienes de las empresas Comercializadora y Arrendadora de México, el Casino Centenario en Nuevo Laredo y el Diamante Casino en Tamaulipas. Según el Tesoro, estos sujetos “desempeñan roles centrales” en la operación del cártel, que es producto de una escisión de Los Zetas y ha sido designado como organización terrorista extranjera.
En el caso de Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, las autoridades estadounidenses lo acusaron de “hacerse pasar por un activista de derechos humanos” para proteger a miembros del cártel y fabricar falsas acusaciones contra integrantes del Ejército. La OFAC señaló que Ramos lidera una campaña de desinformación y paga a personas para asistir a protestas con el fin de “mejorar la percepción pública del cartel y desacreditar” a las autoridades. Cabe señalar que Ramos había denunciado previamente ser víctima de espionaje con el software Pegasus por parte del Ejército mexicano; sobre este punto, el expresidente Andrés Manuel López Obrador declaró en marzo de 2023: “El caso que está mencionando de este defensor de Derechos Humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas”.
Por su parte, Eduardo Javier Islas Valdez fue identificado como el encargado de las operaciones de tráfico de personas del cártel en la zona fronteriza y operador de la red de apuestas. Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado, fue señalado por actuar como intermediario entre los miembros del cártel, incluso facilitando comunicaciones con líderes encarcelados. Las sanciones implican el bloqueo de cualquier propiedad o interés en propiedad dentro de Estados Unidos y la prohibición de que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones con los señalados.
De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México “realizó el análisis económico, fiscal y corporativo de los sujetos” sancionados. La dependencia detectó una estructura empresarial que opera múltiples establecimientos bajo un mismo esquema, identificando “transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo, inconsistencias entre ingresos y montos operados, y movimientos de efectivo sin sustento”. Además, la UIF observó “posibles esquemas de evasión fiscal” y patrones en el sector de juegos “presuntamente utilizados para el lavado de activos”.
Con base en estos hallazgos, la SHCP presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de delitos financieros y fiscales. Asimismo, Hacienda dio aviso a la Secretaría de Gobernación para proceder con la suspensión de actividades de los establecimientos identificados. Aunque el gobierno de Estados Unidos ordenó el congelamiento de activos, fuentes consultadas indican que no se presentaron acusaciones formales ante tribunales ni se exhibieron pruebas públicas concluyentes que sustenten las denuncias contra los individuos sancionados.
