Ciudad De México, 18 de abril de 2026.- Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, informó que los oficiales señalados por familiares de Edith Guadalupe Valdés de actuar con corrupción serán separados de sus cargos mientras se realiza la investigación. La decisión surge tras las denuncias de que elementos de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE) pidieron dinero “por debajo del agua” para ayudar en el caso.
El cuerpo de la joven de 21 años fue localizado sin vida en un edificio de la alcaldía Benito Juárez. El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, ubicado en la colonia Doctores, liberó el cadáver, el cual fue entregado a sus familiares poco antes de la medianoche del viernes para ser velado. Posteriormente, alrededor de las 03:30 de la madrugada, los restos fueron trasladados en una carroza fúnebre a un domicilio en la colonia Apatlaco, alcaldía Iztapalapa.
Familiares de Edith Guadalupe aseguraron que llevaron a cabo la investigación para dar con su paradero sin apoyo de las autoridades. Magdalena Rivera, tía de la víctima, afirmó que personal de la Fiscalía indicó que debían esperar 72 horas bajo el argumento de que la joven pudo haberse ido con “el novio o con amigas”. Asimismo, señalaron que agentes ministeriales presuntamente solicitaron dinero para “agilizar” los procedimientos y entregar grabaciones de cámaras de vigilancia.
Ante estos señalamientos, Bertha Alcalde Luján declaró: “La conducta que señalan los familiares es muy grave e inaceptable; desde el primer señalamiento se dio intervención a Asuntos Internos (…) Como primera medida, el personal involucrado será separado de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias”. La mandataria mencionó específicamente los posibles retrasos en la intervención por parte de los equipos de búsqueda inmediata y los actos de corrupción señalados.
La FIPEDE, unidad donde laboraban los elementos presuntamente involucrados, está bajo el cargo de Luis Eduardo Poletti Vega. De acuerdo con la información disponible, Poletti Vega reportó ingresos por un millón 860 mil pesos en 2024; de ese monto, 860 mil pesos corresponden a su remuneración neta anual como fiscal, mientras que un millón de pesos proviene del concepto de “actividad industrial, comercial y/o empresarial”. El titular de la fiscalía especializada afirma ser dueño de la “Librería del Abogado”, negocio que en 2023 registró ingresos por un millón de pesos.
