Ciudad de Mexico, 17 de abril de 2026.- El gobierno de Colombia anunció esta semana un plan para llevar a cabo la eutanasia de al menos 80 hipopótamos, considerados una especie invasora en el país. La medida, divulgada por el Ministerio de Ambiente, se supone que se llevará a cabo el próximo semestre y tendrá un costo superior a los 7,000 millones de pesos, casi dos millones de dólares.
La presencia de estos animales en territorio colombiano data de los años ochenta, cuando fueron introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar. Desde entonces, sus descendientes se han multiplicado hasta alcanzar cerca de 200 individuos. Investigadores del Instituto Humboldt advierten que, sin medidas de control, la población podría superar los 500 ejemplares en 2030 y llegar al millar en 2035.
Germán Jiménez, coordinador de la Maestría en Restauración Ecológica de la Universidad Javeriana, explicó que se trata de una especie que carece de depredadores naturales en Colombia y que “cambia sustancialmente las condiciones de los ecosistemas, afectando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos”. Según el experto, la presencia de los hipopótamos amenaza especies en peligro como el manatí, las nutrias y los chigüiros, además de alterar los ecosistemas acuáticos al incrementar la carga de materia orgánica.
Sin embargo, la decisión ha generado debate. La senadora animalista Esmeralda Hernández, del partido oficialista Pacto Histórico, cuestionó la estrategia: “Todos estamos de acuerdo en la gravedad de la situación, pero esta decisión tiene implicaciones éticas y sociales profundas”. Hernández añadió que no se puede “mandar el mensaje de que todo se resuelve matando animales” y afirmó que los hipopótamos “no son responsables de estar en Colombia, sino que son consecuencia de decisiones humanas que hoy el Estado debe gestionar de forma ética”.
Por su parte, Germán Jiménez señaló que la eutanasia “no es una medida fácil ni barata como a veces se cree; es también compleja, costosa y requiere un alto rigor técnico”, necesitando equipos de entre cinco y ocho personas. El especialista advirtió que incluso aplicando esta medida, tardaría al menos diez años en empezar a mostrar efectos reales sobre el tamaño de la población.
La situación impacta directamente a comunidades en áreas como Puerto Triunfo y Doradal, en la región del Magdalena Medio, donde los habitantes conviven con estos animales desde hace décadas. “Hay comunidades que llevan 30 años conviviendo con estos animales y, o bien dependen del turismo asociado, o viven con miedo”, indicó Jiménez.
