La red de protección institucional al narcotráfico en Sinaloa comenzó a desmoronarse tras confirmarse la entrega voluntaria de dos de las piezas más importantes en el gabinete del exmandatario Rubén Rocha Moya. El exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, se han puesto a disposición de las autoridades federales estadounidenses para enfrentar graves cargos relacionados con la facción de “Los Chapitos”.
Mérida Sánchez, general en retiro, consumó su entrega tras cruzar de Sonora hacia Arizona, siendo trasladado de inmediato a Nueva York, donde ya compareció ante el Tribunal del Distrito Sur de Manhattan y se declaró formalmente “no culpable”. Por su parte, Enrique Díaz Vega siguió el mismo patrón de cooperación, entregándose a las agencias norteamericanas en Irlanda (Europa).
Ambos exfuncionarios forman parte de una lista de diez servidores públicos sinaloenses requeridos por Washington. Sus expedientes señalan que sus puestos clave en el gobierno estatal fueron presuntamente utilizados para dar impunidad operativa y financiera al Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones clave desclasificadas ⚖️📁💥
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Gerardo Mérida Sánchez (Seguridad): La fiscalía estadounidense sostiene que recibía sobornos mensuales en efectivo de 100 mil dólares. A cambio, la policía estatal omitía detenciones y el general presuntamente alertó a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán sobre al menos 10 redadas inminentes, permitiendo que evacuaran a tiempo sus laboratorios de fentanilo.
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Enrique Díaz Vega (Finanzas): Se le imputa conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armas. El expediente de Nueva York lo señala directamente como el enlace político y financiero entre “Los Chapitos” y Rocha Moya. Presuntamente facilitó la colocación de funcionarios leales al cártel y, antes de las elecciones de 2021, entregó a los líderes criminales los nombres y direcciones de los opositores políticos para obligarlos a retirarse bajo amenazas.
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Estrategia de Testigos: Fuentes jurídicas apuntan a que ambos exsecretarios decidieron entregarse con el fin de aportar información sensible a cambio de beneficios procesales, lo que dejaría al gobernador con licencia en una posición de absoluta vulnerabilidad judicial.
