Ciudad De México, 17 de abril de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria colocó en la antesala del embargo a dos empresas vinculadas a figuras cercanas al gobierno federal por adeudos fiscales millonarios. Se trata de Argos Producciones, ligada a Epigmenio Ibarra, e IBN Industrias de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología Balística, asociada a Arturo Ávila Anaya, vocero de los diputados de Morena.
El origen del adeudo de Argos Producciones se remonta a febrero de 2020. El SAT determinó el crédito fiscal el 7 de diciembre de 2022 y lo notificó el 13 de ese mismo mes. Para febrero de 2026, el SAT ya había emitido un mandamiento de ejecución contra la empresa, cuyo crédito fiscal asciende a 8 millones 690 mil pesos. Argos Producciones tiene sus estudios de grabación y su escuela de artes escénicas y audiovisuales en el centro industrial Tlalnepantla.
En 2020, Argos recibió un crédito de hasta 150 millones de pesos de Bancomext. Al menos cinco razones sociales relacionadas con el grupo Argos recibieron condonaciones entre 2020 y 2022 por un monto acumulado de 8 millones 862 mil pesos. Argos Producciones S.A. de C.V. obtuvo dos condonaciones: una publicada el 1 de julio de 2020 por 2 millones 895 mil pesos, y otra el 1 de enero de 2022 por 4 millones 463 mil pesos.
En el caso de IBN Industrias, el SAT determinó el crédito fiscal el 10 de junio de 2024 y lo notificó el 14 de ese mes. El SAT emitió un mandamiento de ejecución contra IBN el 13 de marzo de 2026. El monto original del adeudo era de un millón 514 mil 163 pesos, pero la actualización por inflación elevó la deuda a un millón 743 mil 034 pesos. A esto se sumaron recargos por 711 mil 672 pesos, multas por 822 mil 855 pesos y gastos de ejecución por 138 mil 693 pesos, para un total de 2 millones 593 mil 399 pesos.
IBN obtuvo un contrato en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para servicios de seguridad y vigilancia por hasta 3 millones 500 mil pesos mensuales. También fue contratista de Pemex: en marzo de 2021 obtuvo un contrato por 4 millones 731 mil pesos para el arrendamiento de camionetas blindadas, y un segundo contrato asignado de manera directa por 13 millones 780 mil pesos vigente entre 2021 y 2022. En marzo de 2021, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a IBN por dos años para celebrar contratos con el gobierno.
Paralelamente, la Secretaría Anticorrupción investiga a funcionarios por el caso Infodemia. Raquel Buenrostro emitió una orden para investigar a Jenaro Villamil y Miguel Elorza. Existe un expediente en la Secretaría Anticorrupción contra ambos, luego de que Infodemia intentara desmentir al periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien los denunció por faltas administrativas, peculado y ejercicio ilícito del servicio público.
La organización Sociedad Civil México exigió la cancelación inmediata de la plataforma Infodemia, organismo adscrito al Sistema Público de Radiodifusión. La organización señaló que Infodemia “fabrica mentiras cuando le sirve al poder” y afirmó que “el problema es estructural. Cuando el poder decide qué información es válida, se cruza la línea hacia el control narrativo propio de regímenes autoritarios”. También denunció “mentiras sistemáticas financiadas por el pueblo”.
Infodemia aseguró falsamente que las imágenes de una mujer descansando en los balcones de Palacio Nacional eran creadas con IA. El pasado 20 de marzo, Infodemia tildó de ‘mentira’ los reportes de Azteca Noticias y Greenpeace sobre un derrame de crudo en las costas veracruzanas. Pemex reconoció oficialmente que el hidrocarburo del derrame en Veracruz provenía de uno de sus ductos.
