La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó esta tarde haber recibido una solicitud formal por parte del Gobierno de los Estados Unidos para la detención con fines de extradición del Gobernador de Sinaloa, junto con otros nueve funcionarios de alto nivel de su administración.
La solicitud, enviada a través de la Embajada estadounidense, vincula directamente al mandatario estatal y a su círculo cercano con actividades de protección y logística para facciones mayoritarias del crimen organizado que operan en la región del Pacífico.
Los detalles de la solicitud
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Cargos criminales: De acuerdo con el documento recibido por la Cancillería, se les acusa de conspiración para la importación y distribución de fentanilo y cocaína, así como de lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
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Funcionarios implicados: Aunque la lista completa no ha sido revelada por razones de seguridad procesal, se sabe que incluye a titulares de áreas de seguridad pública y procuración de justicia del estado de Sinaloa.
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Evidencia clave: La solicitud se basa en testimonios de testigos protegidos y evidencia recolectada tras las recientes capturas de líderes delictivos, que señalan una red de colaboración institucional que permitía el libre tránsito de cargamentos hacia la frontera.
La respuesta del Gobierno Federal
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha turnado la documentación a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicien los procedimientos legales correspondientes ante un juez federal.
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Estatus del Gobernador: Hasta el momento, el mandatario sinaloense cuenta con fuero constitucional, por lo que, de proceder la orden de aprehensión, el Congreso del Estado o la Cámara de Diputados tendrían que iniciar un proceso de desafuero.
Clima de tensión en Sinaloa
Tras difundirse la noticia, se reporta una tensa calma en la ciudad de Culiacán. El Gobierno Federal ha ordenado el despliegue inmediato de batallones adicionales de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para prevenir posibles brotes de violencia o reacciones del crimen organizado ante la inminente caída de la estructura gubernamental implicada.
“Actuaremos conforme al derecho internacional y los tratados vigentes, siempre respetando la soberanía y los procesos internos de justicia”, declaró brevemente un portavoz de la SRE.
