En una medida sin precedentes que escala la tensión bilateral, el gobierno de los Estados Unidos ha ordenado una revisión exhaustiva de los 53 consulados de México que operan en su territorio. La administración estadounidense argumenta que esta auditoría busca analizar la operatividad y el impacto de estas sedes diplomáticas en el contexto de las tensiones migratorias actuales, advirtiendo que el análisis podría derivar en el cierre de varios de estos centros.
Esta decisión se produce en un clima de alta fricción, marcado por las recientes advertencias de intervención militar estadounidense en territorio mexicano y las exigencias de Washington sobre un mayor control en la frontera. Por su parte, la presidenta de México ha rechazado estas presiones, calificándolas de injerencistas y defendiendo la soberanía nacional. Expertos en relaciones internacionales advierten que el cierre de consulados dejaría en la vulnerabilidad a millones de mexicanos residentes en EE. UU., afectando trámites vitales y la protección de derechos humanos en un momento de gran incertidumbre política.
