Cuernavaca, 20 de abril de 2026.- Una jueza dictó un auto de no vinculación a proceso a favor del abogado Froylán Salazar, tras concluir que no existió hecho delictivo y que la versión policial quedaba desacreditada. La resolución se emitió una semana después de la detención del litigante, ocurrida el viernes 10 de abril en un autolavado de la Calzada de los Reyes en esta ciudad.
Según la versión policial inicial, durante la intervención se aseguró un arma y presuntos narcóticos. Sin embargo, la defensa presentó en la audiencia inicial, que duró casi ocho horas, un video de aproximadamente seis minutos y medio como prueba. El material audiovisual muestra al abogado sometido contra una pared mientras intervienen policías y personas vestidas de civil.
Además del video, la defensa aportó dos peritajes, uno de informática y otro de criminalística de campo. Un peritaje en huellas dactilares arrojó que “no hay huellas de nadie” en el arma supuestamente asegurada. Ante estos elementos, la jueza determinó que no había base para vincular a proceso a Salazar.
Froylán Salazar declaró que durante su retención en la Torre Morelos permaneció incomunicado por varias horas y fue objeto de agresiones. “Andaban de manera agresiva… aplicando el terror psicológico; de vez en cuando, golpes”, señaló el abogado, quien añadió: “Nada más sentí cómo me arrebataron la mochila” y “Fue muy impactante… yo les decía: ‘No, es que yo en ese momento no traía nada'”.
Sobre las motivaciones del operativo, Salazar afirmó: “Por supuesto que fue algo personal… iba dirigido para mí este montaje”. También advirtió sobre la posible vulneración de su información personal luego de que agentes accedieron a sus teléfonos: “Tengo miedo de que se divulgue información totalmente personal y muy discreta”. El detenido indicó que está “todavía en shock” y adelantó que procederá legalmente, stating que “no se puede permitir que te siembren cosas… eso afecta tu libertad y mancha tu nombre”.
La defensa dio vista a la Fiscalía estatal para investigar posibles delitos, entre ellos tortura. Un grupo de alrededor de 30 abogados penalistas, incluidos Cipriano Sotelo, Enrique Paredes, Cristian Fragoso y Gibran Haro, advirtió que el caso podría encuadrar en prácticas de fabricación de delitos. Estos profesionales señalaron que valorarán emitir un posicionamiento conjunto y no descartaron solicitar reuniones con autoridades.
Víctor Javier Hernández Vega, quien acompañó el caso, cuestionó: “Si esto le pasa a un abogado, ¿qué le puede pasar a un ciudadano? Es un montaje policial”. Respecto a la prueba videográfica, Hernández Vega sostuvo: “El video es claro y contundente… muestra algo totalmente distinto de lo que la policía está diciendo”.
