Ciudad De México, 19 de abril de 2026.- Servidores públicos de la Secretaría del Bienestar agredieron y expulsaron a dos periodistas que documentaban la credencialización del sistema universal de salud en un módulo instalado en una tienda SuperISSSTE dentro de la alcaldía Coyoacán. Los hechos ocurrieron el miércoles 15 de abril de 2026.
Los periodistas agredidos fueron identificados como Marco Campillo y el camarógrafo Alejandro Ramírez de Meganoticias Mx, quienes iban debidamente identificados con el uniforme y credenciales de su medio. Según los reportes, una persona se acercó para tapar el lente de la cámara con la finalidad de impedirles la grabación, situación que escaló a empujones, jaloneos y forcejeos por parte de los servidores públicos.
Los periodistas fueron sacados del lugar entre empujones, sin poder continuar con su labor informativa. Mientras que los afectados denunciaron afectaciones a su equipo, así como amenazas, otras fuentes señalaron que los periodistas no habrían recibido daños físicos, aunque sí su equipo de trabajo. Se señaló que la directora general de la Secretaría del Bienestar en la zona sur de la CDMX, Irán Edith Rodríguez, incitó a la violencia.
En otro episodio relacionado con la expresión artística, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Chihuahua, detuvieron el sábado 11 de abril de 2026 a un grupo de 15 personas que realizó un mural satirizando la figura del alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Entre los detenidos se encontraban los artistas urbanos Miguel ‘Mick’ Martínez y ‘Chuchito Psy’, quienes fueron liberados tras una orden directa del alcalde.
El grafiti que evocaba la imagen del presidente municipal con rasgos animales fue borrado. Al respecto, Cruz Pérez Cuéllar declaró: “La libertad de expresión tiene límites y uno de los límites es el respeto a la dignidad de la persona, sea quien sea”, aunque también mencionó que “si está en la política tiene que aguantar”. Por su parte, el artista Chuchito Psy comentó: “Aquí murió la ‘libertad’ de expresión…”.
En el ámbito judicial, el exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en agravio de la periodista Dalia Villegas Moreno. Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre en Palacio de Gobierno. El juez determinó que el delito de abuso de autoridad sí se configura, descartando los cargos de intimidación y robo calificado, e impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse a la periodista.
Finalmente, el abogado Paulo Díez Gargari ganó un litigio contra la Fiscalía General de la República (FGR) para ser indemnizado, con un fallo definitivo confirmado el miércoles 15 de abril de 2026. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa había declarado en 2025 al Estado responsable del daño material y moral tras un operativo de 2015 donde agentes chocaron el vehículo del abogado y sembraron un arma. Sobre esta resolución, Ximena Jiménez García señaló: “A partir de estas irregularidades se concluye que existe un nexo causal entre el daño y el actuar (sic) del Estado”.
