Ciudad De México, 19 de abril de 2026.- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, envió al Senado el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, documento que determina estrategias institucionales, objetivos, metas medibles y prioridades de investigación para la eficiencia de la persecución penal. El envío se realizó en cumplimiento del artículo 88 de la Ley de la FGR.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó de la recepción del documento, hecho confirmado también por el coordinador de Morena en la cámara alta, Ignacio Mier. Según la ley, el Senado tiene un plazo de hasta 60 días para dictaminar el plan. Sin embargo, Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que el análisis se hará “en tiempo y forma con la prioridad que exige el tema”, mientras que la senadora del PRI, Claudia Anaya, indicó que existe la intención de que el plan se vote antes del 30 de abril de 2026, fecha en que cierra el periodo ordinario de sesiones. Anaya mencionó que el Senado podría duplicar sesiones para desahogar el punto y agregó: “Creo además que en Morena lo van a tomar como prioridad”. Cabe señalar que hasta el cierre de edición del 18 de abril, el plan no se había publicado en la Gaceta Parlamentaria ni entregado a la mayoría de los legisladores.
La presentación pública del plan se llevó a cabo el 17 de abril de 2026 en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Durante la exposición, Godoy admitió las fallas del sistema: “no es un diagnóstico cómodo, pero sí honesto”. El documento reconoce una saturación en el sistema debido al trámite masivo de casos que impide la atención especializada a delitos de mayor impacto.
El plan destaca que más del 50% de la población considera que hay corrupción en la FGR. Al respecto, Godoy declaró: “No es un dato menor que seis de cada 10 ciudadanos perciban corrupción en la FGR”. Por ello, la reducción de esta percepción es parte central de la estrategia para los próximos tres años, la cual propone poner en marcha un programa de integridad y cero tolerancia.
En cuanto a las cifras de desempeño, el plan detalla que en 2025 se abrieron 136,256 carpetas de investigación, de las cuales se judicializaron 22,054 (16.8%). Se vinculó a proceso a 18,774 personas y se sentenció a 13,044. Esto significa que solo el 7.14% del total de carpetas de investigación en trámite concluyen en sentencias. Además, el 94.6% de las sentencias condenatorias se obtuvieron mediante procedimiento abreviado. En materia de delincuencia organizada, siete entidades (Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa, Estado de México, Sonora, Tamaulipas y Michoacán) concentran más de la mitad de las 471 carpetas abiertas por este delito.
Para enfrentar estos retos, el plan propone implementar una gestión diferenciada para priorizar recursos hacia delitos como desaparición forzada, extorsión y delincuencia organizada, así como avanzar en un nuevo modelo de investigación e inteligencia. El documento también establece justicia con enfoque de género: la FGR ejercerá de manera inmediata su facultad de atracción en casos de feminicidio que evidencien patrones de macrocriminalidad o intervención de la delincuencia organizada, y toda carpeta por muerte violenta de una mujer se iniciará inexcusablemente bajo el protocolo de feminicidio.
