Nuevo Laredo, 15 de abril de 2026.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, como un asociado del Cártel del Noreste (CDN) que lidera una campaña de desinformación contra las autoridades mexicanas haciéndose pasar por activista de derechos humanos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acusó a Ramos de tener presuntos vínculos con la organización criminal, designada como terrorista, y ordenó congelar sus activos y prohibir a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con él.
Las autoridades estadounidenses calificaron como falsas las denuncias que Ramos presentó contra el Ejército Mexicano. Sin embargo, el gobierno de EE.UU. no ha presentado una acusación formal ni publicado documentos que sustenten estas denuncias. Hasta 2026, el caso de Ramos permanece sin resolución judicial clara y sin pruebas públicas concluyentes.
Por más de 20 años, Ramos ha documentado violaciones graves a derechos humanos en Tamaulipas, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército y la Marina. Entre los casos que ha acompañado se encuentran la desaparición de 56 personas en Nuevo Laredo en 2018 y la ejecución extrajudicial de ocho personas en 2019. Su labor ha logrado sentencias en firme contra militares, incluyendo una condena de más de 40 años de prisión para cuatro elementos por homicidio calificado.
Previo a la acusación estadounidense, Ramos denunció ser víctima de espionaje con el software Pegasus por parte del Ejército durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Análisis forenses del Citizen Lab de la Universidad de Toronto revelaron que sus dispositivos móviles fueron intervenidos ilegalmente entre agosto y septiembre de 2020. Además, documentos internos de la Sedena filtrados por el colectivo Guacamaya demostraron que el Ejército utilizó el Centro Militar de Inteligencia para espiarlo, vinculándolo con el Cártel del Noreste sin ofrecer prueba alguna.
En una conferencia del 10 de marzo de 2023, el expresidente López Obrador negó que su gobierno espiara al activista. “Nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales. El caso que está mencionando de este defensor de Derechos Humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas”, afirmó el entonces mandatario. En dicho evento, una periodista aseguró: “Lo que ya habíamos confirmado también en octubre del año pasado, es que el teléfono de este defensor fue infectado con Pegasus, eso está confirmado”.
Ramos ha enfrentado campañas de difamación, hostigamiento y amenazas por su labor, siendo catalogado por militares como su “enemigo”. Tras conseguir condenas contra militares, denunció recibir amenazas de muerte en redes sociales por parte de perfiles vinculados a las fuerzas armadas. “El espionaje pone en riesgo mi vida, mi integridad y a mi familia”, declaró el activista.
En un hecho relacionado con la tensión en la región, el martes 14 de abril alrededor de las 12:45 de la tarde, autoridades fueron alertadas sobre una amenaza de bomba en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) en Monterrey. Un hombre advirtió que lanzaría una explosivo y huyó del lugar, mostrando inconformidad con la atención recibida. El edificio fue acordonado y evacuado alrededor de las 14:30 horas para investigaciones de Protección Civil, aunque no se ha confirmado que la amenaza fuera real ni la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha emitido comunicado al respecto.
