Ciudad de Mexico, 18 de abril de 2026.- Más de 93 mil jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro (LFC) podrían enfrentar reducciones de hasta 60 por ciento en sus pensiones tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 10 de abril. La medida establece modificaciones al Artículo 127 constitucional para fijar un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos, el cual no podrá superar el 50 por ciento del salario de la Presidencia de la República, equivalente a alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Este viernes, más de dos mil jubilados provenientes de 29 entidades del país se movilizaron en Paseo de la Reforma para exigir la suspensión inmediata de la medida. Un contingente de la CFE marchó desde la Estela de Luz, mientras otro salió de las instalaciones de Pemex, concentrándose finalmente frente al Senado. Los inconformes portaron mantas y pancartas para demandar que se suspenda la aplicación de la enmienda que, argumentan, vulnera sus garantías civiles y el principio de no retroactividad establecido en el Artículo 14 constitucional.
“¡Exigimos de manera inmediata que se suspenda la aplicación de esta reforma!”, declaró Enrique Martínez, vocero de la Alianza Nacional de Jubilados. Durante la protesta, los manifestantes advirtieron: “Hoy es contra nosotros, mañana puede ser contra cualquier trabajador”. Martínez enfatizó que “hoy no estamos aquí como casos aislados, estamos como una alianza nacional que reúne a jubilados de instituciones clave para el país”.
Ante el escenario, los afectados anunciaron el inicio de una estrategia legal que incluirá la presentación de amparos indirectos, así como cabildeo con legisladores y organismos nacionales e internacionales. Enrique Velázquez, ex trabajador de la CFE y coordinador de la Alianza, indicó que la próxima semana formalizarán una solicitud de mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum para plantear que se revise la reforma constitucional y que esta no se aplique de manera retroactiva. Además, buscarán una mesa de análisis con legisladores para aportar información en la elaboración de las leyes secundarias.
“El objetivo es que se detenga la aplicación de esa reforma; que se haga la investigación, todas las instituciones tienen su órgano interno de control, y quien esté abusando de esa condición se le aplique la ley, así como a quien autorice dicho abuso”, señaló Velázquez, quien aseguró que actuarán “en apego estricto a la ley”. Por su parte, Alfredo Vargas, ex trabajador de la desaparecida LFC, comentó: “Si hay abusos, que investiguen y se revisen, pero a partir de información real, ya que cuando las decisiones se toman con información incompleta y equivocada, las consecuencias también lo son”.
El gobierno federal ha señalado que la reforma busca eliminar privilegios y acotar las llamadas ‘pensiones doradas’ en el sector público, con el objetivo de generar ahorros cercanos a 5 mil millones de pesos anuales. Sin embargo, los agremiados advirtieron que seguirán manifestándose en las calles mientras no se resuelva su demanda.
