En un giro drástico para frenar la asfixia económica y social que padece el país, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró oficialmente el Estado de Excepción en todo el territorio nacional por un periodo inicial de 90 días. La medida drástica faculta de manera inmediata la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para ejecutar operativos de despeje en las carreteras troncales y asegurar el libre tránsito, luego de siete semanas de protestas ininterrumpidas protagonizadas por sectores sindicales y facciones opositoras.
Durante un mensaje transmitido en cadena nacional, el mandatario justificó la activación del decreto argumentando que su administración agotó todas las vías de negociación posibles, logrando acuerdos con demandas legítimas pero identificando una “estrategia organizada de desestabilización” por parte de grupos radicales. La parálisis de las principales autopistas ha provocado un desabastecimiento crítico de insumos esenciales en ciudades clave como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. El balance humanitario oficial es alarmante: se reporta el fallecimiento indirecto de al menos 16 personas debido a la imposibilidad de trasladar oxígeno medicinal a los centros de salud y la falta de atención médica oportuna.
El decreto presidencial establece que, si bien se preservarán las libertades individuales básicas como el derecho a la información y el desarrollo de rutinas laborales fuera de los focos de conflicto, se prohíbe estrictamente el uso de explosivos en manifestaciones y se abre la posibilidad de dictar toques de queda focalizados en las zonas de mayor tensión. De forma paralela, el Gobierno de los Estados Unidos confirmó el despliegue de asistencia alimentaria de emergencia y soporte logístico para mitigar la escasez de productos de la canasta básica —los cuales han llegado a duplicar su precio en los mercados locales—, mientras el Congreso boliviano convocó a una sesión extraordinaria de urgencia para analizar el alcance institucional de la emergencia.
